Recolectores acusan a funcionaria de Ixtapaluca de extorsión; tiran basura frente al palacio municipal

Recolectores de basura en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, denunciaron públicamente un presunto caso de extorsión por parte de la directora de Servicios Públicos, Nora María Yáñez, a quien acusan de exigir pagos en efectivo para permitirles operar en la recolección de residuos sólidos dentro del municipio.

La protesta escaló este martes, cuando trabajadores del gremio, a bordo de camiones recolectores, arrojaron basura frente al Palacio Municipal como forma de presión. También bloquearon varias avenidas aledañas, generando afectaciones viales y descontento entre ciudadanos.

Los inconformes difundieron en redes sociales un video en el que se observa a la funcionaria recibiendo fajos de billetes, presuntamente como parte de un acuerdo previo para dejarlos trabajar sin impedimentos. Aseguran que, a pesar de haber cumplido con lo pactado, se les ha restringido el paso y limitado el acceso a rutas habituales de recolección.

“El compromiso era claro: se le dio dinero para que nos permitiera trabajar. No cumplió. Hoy venimos a exigir que se respete el acuerdo o vamos a seguir movilizándonos”, declaró uno de los líderes del movimiento, quien pidió no ser identificado por temor a represalias.

El reclamo principal es dirigido al presidente municipal, Felipe Arvizu, a quien solicitan la destitución inmediata de Nora María Yáñez. “No se puede permitir que se negocie con el trabajo de la gente, ni mucho menos que se abuse del cargo para obtener beneficios personales”, añadieron.

Hasta el momento, el Ayuntamiento de Ixtapaluca no ha emitido una postura oficial respecto a las acusaciones ni al video difundido en redes sociales. La tensión en el municipio continúa, y los recolectores han advertido que, de no haber respuesta institucional, mantendrán sus protestas y podrían radicalizar sus acciones.

El caso ha generado una fuerte indignación en redes sociales, donde usuarios exigen una investigación a fondo sobre el comportamiento de funcionarios públicos y el uso de prácticas corruptas que afectan a trabajadores del sector informal y a la ciudadanía en general.