Periodistas bajo fuego en Imala: crecen los riesgos para la prensa en Sinaloa

El lunes 14 de julio, fotógrafos y periodistas de distintos medios de comunicación quedaron atrapados en medio de un fuego cruzado mientras realizaban una cobertura informativa en la comunidad de El Pozo, sindicatura de Imala.

Las ráfagas de arma larga interrumpieron su labor y pusieron en riesgo sus vidas. Uno de los vehículos en el que se trasladaban recibió múltiples impactos de bala, evidencia del poder de fuego que ejercen los grupos criminales en esa zona rural de Culiacán.

No fue una agresión directa dirigida expresamente contra la prensa, pero sí un claro recordatorio de los peligros reales e inminentes a los que se enfrentan quienes hacen trabajo de campo en contextos violentos. Este hecho se suma a otro reciente ocurrido en la carretera La 20, donde reporteros fueron intimidados mientras cubrían el hallazgo de una hielera con restos humanos.

Ante estos hechos, la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio emitió un posicionamiento en el que condena los actos de violencia y recuerda que, desde hace casi un año, distintos periodistas han sido blanco de amenazas, advertencias e intimidaciones en coberturas de alto riesgo.

"Sin periodistas, una gran cantidad de hechos no se sabrían", señala el comunicado, al tiempo que exige garantías para ejercer la labor informativa sin importar el lugar donde ocurran hechos violentos.

En el mismo sentido, el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa también expresó su condena pública, subrayando que la violencia no puede ser la respuesta a la actividad informativa.

"La protección de quienes informan y denuncian es una prioridad ineludible para el Estado", advierte el pronunciamiento, donde además se detalla que personal del Instituto se ha acercado a los medios afectados para ofrecer acompañamiento y apoyo directo.

Por su parte, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Sinaloa también fijó postura y manifestó su preocupación por la creciente inseguridad en la que ejercen su labor los periodistas locales. Reiteró que el Estado debe investigar a fondo estos hechos, garantizar la no repetición y salvaguardar el derecho de la ciudadanía a estar informada.

Aunque no se ha establecido una ofensiva sistemática contra los medios, los hechos recientes confirman que el riesgo se ha normalizado en muchas coberturas. La prensa sinaloense está obligada a caminar entre zonas de silencio, rutas dominadas por grupos armados y escenas donde cualquier paso puede convertirse en tragedia.

Informar no puede ser una sentencia. Y en Sinaloa, cada día más, el trabajo periodístico se parece peligrosamente a una misión de guerra. El silencio no es opción. Pero tampoco puede seguir siéndolo la indiferencia.